El Estado actual y la Constitución nacional,
¿Permiten pensar la Argentina del Siglo XXI?
El pasado miércoles 25, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA, desde el MPE Camilo Cienfuegos estuvimos presentes en la mesa de discusión acerca de la necesidad de una nueva reforma constitucional en el país. Discutir los márgenes de lo posible de un cambio estructural en materia jurídica del marco legal en el cual se ampara lo político, lo social y lo económico en nuestro país es una discusión de la cual no podemos no ser parte.
El panel estuvo integrado por prestigiosos disertantes como Eduardo Barcesat, Ricardo Forster y Raúl Gustavo Ferreyra; mientras Eugenio Zaffaroni se disculpó por faltar a último momento por razones de salud.
Estamos en un tiempo y frente a una situación política que nos permite repensar -y hasta reinventar- conceptos como el de ciudadanía, derecho y libertad, y qué mejor forma que, desde diferentes organizaciones pensar una nueva arquitectura para un nuevo proyecto de país -un llamado que hizo Luis D'Elia, Titular de la Federación Tierra y Vivienda y del partido MILES, a un movimiento nacional por una nueva Constitución y un nuevo Estado-. Al decir del portugués Boaventura de Sousa Santos, "el contrato social encierra una tensión dialéctica entre regulación social y emancipación social, tensión que se mantienen merced a la constante polarización entre voluntad individual y voluntad general, entre interés particular y bien común".
Este contrato social es un tema generacional, pues al decir de Barcesat, la ley Suprema de la nación es y debe de ser elección del pueblo en sentido histórico, cambiante. Luego explicó el mecanismo de modificación de la constitución, explicado en el articulo 30: Las cámaras de diputados y senadores tienen que declarar la "necesidad de reformar la constitución" y luego se forma la asamblea que reforma la constitución, y es el pueblo el que debe elegir la asamblea y los cambios que realizará. Desde su punto de vista, deberían ser incluídos temas como la Integración de Latinoamérica y el Caribe, que la toma de deuda externa debe estar en control del pueblo y de sus órganos de participación, acabar con la Dependencia Tecnológica, Recuperar la soberanía legislativa y jurisdiccional hoy afectada por los tratados bilaterales de inversión, autodeterminación e independencia económica, y garantizar poner fin a la Marginación y garantizar la inclusión social
Raúl Gustavo Ferreyra resaltó como fundamentales una serie de puntos que deberían de discutirse en el trayecto hacia una nueva constitución, tales como el sistema de gobierno (parlamentario o presidencialista), la inclusión de la política tributaria (coparticipación federal, retenciones, impuestos), el orden tribunal constitucional (corte suprema, consejo de la magistratura, duración de mandatos y mecanismo de selección de miembros), la propiedad y soberanía de los recursos naturales (desde 1994 en manos de las provincias), las últimas modificaciones del sistema electoral, los derechos a la comunicación audiovisual y la integración caribeña y latinoamericana.
También intentó quitar le tabú de la reforma constitucional, que en Argentina fue modificada solo 6 veces en 160 años, mientras que en otros países es algo mucho más común. Tal es el caso de Brasil, que modificó su constitución 70 veces en 22 años, de Alemania (60 veces en 40 años) y de Mejico (más de 300 veces).
A lo dicho, el filósofo Ricardo Forster revalorizó los procesos constitucionales como producto de luchas y rebeldías previas, por lo que "esta necesaria reforma constitucional es cosa del presente, de la lucha del presente". "Esta constitución -añadió- no debe garantizar derechos abstractos, sino concretos". Debe de ser amparo de los débiles, porque los fuertes se protegen sólos. También, resaltó una deuda con la naturaleza, un cuidado para las generaciones venideras y una protección de los recursos naturales. También incluyó un tema que no puede quedar fuera del debate, como es la posesión y el derecho a la tierra (que en la constitución de 1949 era considerada un "bien social") y la soberanía de los pueblos originarios.
Sin duda, la jornada del miércoles es sólo el puntapié de un gran debate y es un desafío del proceso que tenemos por delante como parte del gran pueblo argentino.
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