La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue finalmente aprobada por la Cámara de Senadores el viernes 9 de octubre. El proyecto fue presentado el 18 de marzo por el Gobierno Nacional para reemplazar el decreto-ley de radiodifusión que lleva el número 22.285 dictado por la última dictadura militar, con las firmas de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. Decreto-Ley que sufrió 207 modificaciones durantes diferentes gobiernos democráticos que siempre “regularon”, “ajustaron” o “cedieron” frente a la presión de las empresas hegemónicas de comunicación y las entidades corporativas de prensa.

Dejemos algo claro desde el principio: esta iniciativa no es la “ley de control de medios K”, la “ley mordaza”, o simplemente “una ley de medios”. Quienes instalan estas ideas son los dueños de la palabra concentrada, son los dueños de las empresas periodísticas que, desde la sanción del nefasto decreto-ley 22.285, son cómplices y responsables de la monopolización de la información. Alcanza con citar el ejemplo del Grupo Clarín: el diario lo escribe, Radio Mitre lo explica, el noticiero del 13 lo cuenta y TN lo analiza. Es decir, la misma mirada parcial se reproduce en cuatro medios de comunicación que responden a un mismo dueño.
Desde el Movimiento de Participación Estudiantil (MPE) -Secretaría de Extensión de la FUA y el colectivo organizador del Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación (ENEC) queremos decir con claridad que nos apropiamos, en toda su dimensión, de la victoria colectiva que implicó haber conseguido una nueva ley que regule los medios. Años de militancia de miles de organizaciones del campo popular son las que generaron poder llegar hasta acá. No vamos a regalarle este triunfo a nadie. Si bien existió una voluntad política innegable del Gobierno Nacional, el cambio de la normativa hubiese sido imposible sin los compañeros y compañeras que, desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, no bajamos los brazos para reclamar lo que finalmente se dio.
Tampoco vamos a hacernos eco de las voces del campo popular que con un escepticismo crónico se mantuvieron dubitativos. Es evidente que la ley -como todas las leyes- es perfectible, mejorable, y que tener una “buena” ley en una democracia burguesa no es hacer la revolución, pero en el contexto actual representa un avance significativo, sobre todo si tenemos en cuenta que los vientos que soplan desde muchos sectores nos quieren llevar a la derecha. Además, si no somos capaces de celebrar las victorias que construimos generando un relato propio sobre (entre otras cosas) este proceso, se lo concedemos a los que históricamente nos cuentan que pasó.
La legitimidad la tenemos hace rato. Ahora, los que hacemos comunicación popular y contrahegemónica tenemos la legalidad para potenciar la disputa por lo discursos sociales. Esta ley es un paraguas para pasar de la resistencia a ese necesario momento de ofensiva y construcción del campo popular.
Además, creemos que es importante resaltar que cuando se presentó el anteproyecto de ley, nosotros -junto a un conjunto de sectores- encontramos algunos puntos que debían ser revisados y con los que no estábamos de acuerdo. Uno de los puntos era que las empresas telefónicas no debían ser licenciatarias. Otro punto en que teníamos diferencia era acerca del organismo de aplicación, al que considerábamos que debía ser más autónomo, y por último, entendíamos que los medios comunitarios debían estar mejor definidos para que ellos pudieran ser los beneficiarios de las licencias para organizaciones sin fines de lucro. Estas diferencias fueron tenidas en cuenta, y hoy, consideramos que el proyecto, en todos sus articules, refleja los “21 puntos” para una ley de medios en democracia desarrollados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
Zonceras
Es mentira que esta ley va a provocar que “desaparezcan” señales de televisión o de radios. Al contrario, en el texto de proyecto de ley se puede leer manifiestamente que las organizaciones sin fines de lucro -que hoy no pueden presentarse para obtener una licencia- tendrán garantizado un 33% del espacio radioeléctrico. Asimismo, el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual brinda la posibilidad de que las Universidades Públicas también puede exigir una licencia.
Esta iniciativa es un marco regulatorio que viene a desterrar para siempre un decreto-ley de la dictadura que fue intocable durante estos 26 años de democracia. Los diferentes gobiernos elegidos por el voto popular no pudieron impulsar una ley de radiodifusión a la altura de los tiempos que corrían. Hay que decir que el radicalismo había alentado el trabajo del CoCoDe (Consejo para la Consolidación de la Democracia ), pero aquella experiencia quedó en los despachos y nunca pudo llegar al Congreso.
En tanto, la política de comunicación llevada adelante por Carlos Saúl Menem, ni se molestó en pensar una ley que haga del Estado un actor con capacidad de intervención sobre el sistema de medios a favor de los sectores populares. Todo lo contrario: con sus “reformas modernizadoras y eficientes”, se encargó de desguasar al Estado para que el gran empresariado nacional y los capitales extranjeros se quedaran con los recursos estratégicos de nuestro país. Entre ellos, los medios de comunicación.
Durante los 10 años de menemato el sistema de medios sufrió una concentración del capital, una desnacionalización de la propiedad y una re-regulación que sólo benefició a los poderosos. Después vino Fernando De La Rúa , con una política de comunicación fuertemente ligada a los sectores concentrados, pero con tibios intentos de cambio por sectores que abandonaron prontamente el gobierno. Con la llegada del gobierno de Eduardo Duhalde, la presentación de la Ley de Preservación de .Bienes y Patrimonios Culturales –lejos de representar lo que su nombre indica- funcionó de resguardo para los grandes medios que, a partir del fin de la convertibilidad, corrían el riesgo de ser absorbidos por sus acreedores extranjeros.
El impedimento a capitales extranjeros de poseer más del 30% de la propiedad de las industrias culturales no fue un avance real, ya que esta medida no se aplicaba a las sociedades constituidas con anterioridad a la sanción de la ley. Posteriormente, con la llegada de Néstor Kirchner al poder, hizo su aparición en escena el decreto 527/05 que congeló los cómputos de los plazos de las licencias por 10 años, en concordancia con la buena relación que mantenía el gobierno nacional con el Grupo Clarín en ese momento. Asimismo, se aprobó la ley 26.053, que habilitaba (aunque con requisitos) el ingreso de organizaciones sin fines de lucro a la comunicación.
Hoy, Clarín –con una solicitada en forma de editorial- quiere mostrarse como el paladín del capital nacional que se enfrentó a los poderosos “capitales foráneos”, cuando en realidad tuvo fuertes vínculos con capitales extranjeros, como con la empresa de televisión satelital Direct TV, por citar un ejemplo de los tantos que podemos enunciar.
El gran ataque mediático que realizaron -y realizan- los monopolios no hace más que dejar en claro que esta ley viene a terminar con la concentración de medios y apuesta a la pluralidad de voces. Son falsas las premisas que esgrimen los medios cuando anuncian que esta ley ataca la libertad de expresión o busca poner límites en los contenidos de las diferentes programaciones.
Bajo el eufemismo: “64 años creyendo en el país y construyendo medios argentinos”, el gran diario argentino en su editorial del domingo 4 de octubre (www.clarin.com/diario/2009/10/04/opinion/o-02011830.htm), nos quiere hacer creer que son una PyME y que su poder, comparado con otros conglomerados mediáticos del mundo, no es monopólico.
De la extensa editorial, hay un párrafo donde se reconoce como un simple “actor” al que solamente le interesa el periodismo. Nos habla de un actor abstracto, no se reconoce como un actor político con intereses económicos determinados. Habla del periodismo como una entelequia que sólo relata los sucesos del país, intentando enmascarar a la noticia como transparente, objetiva e independiente.
Esta ley de ninguna manera busca “amordazar” al periodismo, todo los contrario, alienta a que existan mayores miradas sobre un mismo acontecimiento, porque el periodismo nada tiene de “objetivo”, nada de “transparente” y mucho menos los medios son el “reflejo” de la realidad.
Los desafíos
Hay un importante sector de la sociedad que no accedió a una lectura completa de la Ley , que desconoce los diferentes foros de discusión abiertos y plurales que se desarrollaron desde hace meses y no se enteró de las audiencias públicas, donde pasamos cientos de organizaciones sociales, civiles, universitarias, profesionales de la comunicación y trabajadores de prensa. Sobre esta realidad operaron las empresas hegemónicas de comunicación para generar suspicacias y poner en tela de juicio la norma.
Por primera vez en muchos años, se están generando espacios para debatir y participar. Aprovechémoslo. Apoyar la ley, difundirla, debatirla, no significa apoyar al gobierno. Mencionar a Clarín, al grupo Vila-Manzano, etcétera, no es ser oficialistas sino denunciar el monopolio de la información.
Invitamos a todos los que deseen que sus hijos puedan crecer mirando otros otros programas, que además de entretener enseñen y construyan un modelo de infancia diferente. Aquellos a los que les repugnan los estereotipos de mujeres, hombres, ancianos y niños que establecen los discursos dominantes en los medios de comunicación. La nueva comunicación la hace el pueblo o no la hace nadie.
Por todas estas razones, nosotros, como colectivo organizador de los Encuentros Nacionales de Estudiantes de Comunicación (ENEC) y como MPE-Secretaria de Extensión de la FUA, apoyamos esta ley y creemos que todos los estudiantes universitarios y las organizaciones sociales debemos generar las herramientas para que la sociedad en general la conozca.
Estamos convencido de que la confrontación no terminó y que la derrota de los grupos de poder fue parcial. Somos conscientes que las leyes pueden convertirse en letra muerta si no existe un conjunto de pueblo organizado dispuesto a hacer valer su derecho humano a la comunicación y a la información. A eso llamamos, sin mezquindades ni sectarismos. Ahora es cuando.